El 8° Juzgado de Garantía de Santiago estableció que los uniformados no participaron en los golpes contra un manifestante, acogiendo con ello la tesis de la defensa, encabezada por la Corporación de Asistencia Jurídica Defcar. Asimismo, el tribunal descartó que se tratara de un caso de torturas, enfatizando los hechos se configuran dentro de un delito común, específicamente, de lesiones graves u homicidio frustrado.

Sobreseídos definitivamente quedaron este miércoles los siete funcionarios Fuerzas Especiales de Carabineros imputados por la agresión a un manifestante, identificado como Moisés Órdenes- en Plaza Ñuñoa durante el toque de queda.

Así lo decretó el 8° Juzgado de Garantía de Santiago que acogió la tesis de la defensa, encabezada por la Corporación de Asistencia Jurídica de Carabineros Defcar, que apuntó a que los hechos expuestos por la fiscalía no pueden configurarse dentro de la calificación jurídica del delito de tortura y solo podría enmarcarse como actos de violencia excesiva por parte del personal policial, tal como lo estableció la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago cuando revocó la prisión preventiva de los cinco de los doce uniformados imputados en la causa.

Asimismo, el tribunal calificó a la investigación de la fiscalía de poco rigurosa y descartó que los hechos debiesen ser investigados bajo la justicia militar pues –a su juicio- se trata de delitos comunes y, por tanto, deben ser conocidos por la justicia civil.

Tras conocer la resolución, el abogado Mario Vargas –director ejecutivo de Defcar- enfatizó que el fallo “acoge los planteamientos que desde un inicio nosotros hicimos en el Ministerio Público, en el Tribunal de Garantía y en la Corte”.

“Primero, acá no existe delito de tortura, esto es un exceso por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y –lamentablemente- por parte de la fiscalía. Creemos que la visión de la Corte y la visión del tribunal de hoy es que acá los carabineros, en el ejercicio de sus funciones, cometieron lesiones. Distinto es si son lesiones en el ejercicio de su cargo o lesiones comunes, pero acá se está diciendo de manera enfática, tortura no hay”, dijo categórico Vargas.

En relación a los omisivos, el defensor reiteró que “obviamente ellos no cometieron ningún delito. El Ministerio Público, en algún momento, buscó dejarlos presos y hoy nos encontramos, un mes después de la audiencia de formalización -donde trataron de encerrarlos- que un tribunal ha dicho que no existe delito alguno y que ellos están sobreseídos definitivamente”.

“Me parece que se está estableciendo y se está dando cordura, al intento de calificación y a la persecución constante que el INDH, lamentablemente, ha realizado en contra de los funcionarios policiales que, con errores o no, están tratando de ejercer su labor y controlar el desorden público que todos hemos visto en los últimos meses», puntualizó Vargas.

Poca rigurosidad de la investigación de la fiscalía

Por su parte, el abogado Jorge Martínez –secretario ejecutivo de Defcar- insistió en que el Ministerio Público se adelantó en formalizar por el delito de tortura, enfatizando que “cuando Manuel Guerra anunció esto, hace meses atrás, fue muy desafortunado porque impuso una carga de trabajo excesiva a sus fiscales, y en definitiva, empezar desde la cima, del monte más alto, que es la tortura, a terminar en lesiones, nos parece que hubo efectivamente -como lo dijo la jueza en su resolución- un apresuramiento y una poca rigurosidad en ese trabajo profesional».

Respecto al resto de los imputados en la causa -5 efectivos de FF.EE.- y su situación judicial, Martínez reiteró su teoría de defensa que apunta a que “en general los carabineros salen con una misión clara: proteger el orden público. No salen con la intención de afectar los derechos individuales ni la dignidad de las personas. Evidentemente que esto nos sienta un piso muy importante para la defensa del teniente Blanc y las otras personas que están formalizadas».