El 8° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la pretensión del Ministerio Público respecto a siete imputados. “Vamos a insistir en que Fuerzas Especiales estaba cumpliendo con una noble misión que era mantener el orden público y es, en ese contexto, donde se lesiona a la víctima”, reiteró el abogado Mario Vargas, director de la Corporación de Asistencia Jurídica para Carabineros DEFCAR.

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para cinco de los doce efectivos de la 28° Comisaría de Fuerzas Especiales, formalizados por su presunta participación en el delito de tortura contra un manifestante en el sector de Plaza Ñuñoa durante el periodo de toque de queda, la noche del 21 de octubre pasado.

En su resolución, el juez Daniel Aravena rechazó la pretensión del Ministerio Público respecto de siete de los carabineros imputados, argumentando que la privación de libertad resultaba excesiva, considerando que ellos no habrían participado de manera directa en los golpes que recibió Moisés Órdenes.

A cambio, el magistrado ordenó firma semanal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima durante los 80 días de investigación.

Respecto a los cinco efectivos que sí habrían propinado golpes al manifestante, el tribunal decretó la prisión preventiva, resolución que será apelada por la defensa -encabezada por la Corporación de Asistencia Jurídica para Carabineros DEFCAR- dentro de los cinco días correspondientes al plazo legal para ello.

Tras conocer el fallo, el abogado Mario Vargas –director ejecutivo de DEFCAR- calificó la resolución como “injusta”, enfatizando que “no se condice con los hechos de la realidad”.

“Sostenemos y vamos a insistir, en que Carabineros estaba cumpliendo con una noble misión que era mantener el orden público y es en ese contexto donde se lesiona, lamentablemente, a la víctima”, agregó.

Asimismo, anunció que apelará a la Corte de Apelaciones para revocar la resolución y buscar que los cinco carabineros ahora en prisión preventiva, opten a una medida cautelar menos gravosa.

Respecto al delito de tortura que dio por establecido el tribunal, Vargas enfatizó que “nos parece contradictoria la resolución porque el mismo delito acreditado, hace una distinción que para nosotros no es válida y es -en ese sentido- que vamos a basar nuestro cuestionamiento”.

“No puede ser que carabineros, en el ejercicio de sus deberes y en una ciudad que está desbordada por los delitos, al momento de ejercer su función de control público, tengan este tipo de sanciones. Nos parece que es una sanción extrema, una sanción dura y es por eso que vamos a buscar en la Corte de Apelaciones la revocación”, reiteró el defensor.

Por último, Mario Vargas insistió en que los hechos no revisten carácter de delito de tortura, sino más bien, de hechos de apremios ilegítimos o lesiones.